DF Tax | Impuestos, crecimientos y transferencias directas

Hugo Hurtado

La ley de Wagner establece que durante el proceso de industrialización de una economía, en la que el ingreso por habitante se incrementa, la participación del gasto público en el ingreso total también lo hace. Este argumento ha sido esgrimido por los sectores más liberales como motivo para incrementar la carga tributaria, señalando que la mayor recaudación permitiría reducir las brechas en la desigualdad, aunque no necesariamente se hacen cargo de un potencial impacto en la inversión y el crecimiento de esas alzas de impuestos.

La última encuesta Casen señala que el índice Gini, que mide la desigualdad en los ingresos, siendo cero la igualdad absoluta y uno la desigualdad máxima, disminuyó de 0,50 en 2020 a 0,47 en 2022, logrando así su mejor resultado histórico. Varios expertos han señalado algunas dudas a esta mejora, indicando que esto se ha debido a temas puntuales como por ejemplo retiros de las AFP’s, otros subsidios Covid-19 y otras diferencias metodológicas.

“Si se busca mejorar la situación de personas que están en los quintiles inferiores, además, del foco en crecimiento -que ciertamente era necesario-, el pacto fiscal debería contemplar medidas que permitan mejorar el sistema de transferencias directas”.

Por otra parte, se señala por algunos sectores más conservadores, con buenos argumentos empíricos, que el crecimiento es uno de los principales pilares del aumento de la recaudación fiscal. Sin embargo, se agrega, con argumentos menos solidos que si se bajaran los impuestos, el país crecería más y al crecer más, se recaudaría más de lo que se deja de percibir por la baja de impuestos. Al respecto existen estudios a favor de esta posición liderados por importantes Think Tanks conservadores (e.g. Tax Foundation); en contra, propuestos por instituciones liberales (e.g. Brookings Institute) y otros más académicos que encuentran resultados positivos pero más bien acotados y que consideran difícil aislar el nexo causal del resultado (Devereux, Oxford, 2022).

Conectando el tema de la desigualdad con el crecimiento, éste sí generaría más recursos para el Estado por vía de aumento en la recaudación de impuestos; sin embargo, es clave determinar cuál es la forma más efectiva de hacer llegar estos fondos a las personas que más lo necesitan. En un estudio encargado por la OCDE, los autores estiman que alrededor de dos tercios de la mejora en el coeficiente de Gini de un país se debe a transferencias directas y solo un tercio a la aplicación de impuestos (Causa et al, OCDE, 2019), siendo Irlanda el país que más efectivamente lo hace, modificando el coeficiente de Gini en 13 puntos, desde 0,47 a 0,34 versus Chile que modifica solo 2 puntos desde 0,49 a 0,47.

A pesar de tener Irlanda una recaudación tributaria similar a la chilena como porcentaje del PIB (22%, sin considerar seguridad social), a través de un sólido sistema de transferencias directas pasa del lugar 32 al 15 en el ranking de desigualdad de la OCDE.

Hay también otros países más cercanos mirados como referentes de los cuales podemos extraer buenas prácticas como por ejemplo Canadá, Nueva Zelanda y Australia, los que han aumentado su carga tributaria en forma gradual y al mismo tiempo han implementado sistemas de transferencias directas o impuestos negativos. En este último caso se otorgan créditos tributarios o beneficios directos a personas de los quintiles inferiores sin pasar por algunas potenciales ineficiencias atribuibles al Estado.

Conforme a lo anterior, si se busca mejorar la situación de personas que están en los quintiles inferiores, además, del foco en crecimiento -que ciertamente era necesario-, el pacto fiscal debería contemplar medidas que permitan mejorar el sistema de transferencias directas. En esa línea, debe considerarse que las transferencias directas no son políticas fiscales propias de un determinado espectro político. Por ejemplo, en 2019, los ganadores del nobel Banerjee y Dulfo (reconocidos por sus propuestas liberales) concluyeron que no hay data empírica que las transferencias directas a personas más pobres se malgasten o incrementen el consumo de alcohol y tabaco y sí hay evidencia que ellas se destinan principalmente a nutrición, salud y educación. Quizás este puede ser un buen punto de encuentro para empezar a trabajar en un “pacto” sostenible al largo plazo.